VIÑA DEL MAR – La aparente calma que la dirección del Colegio María Auxiliadora intentó transmitir a las familias ha saltado por los aires. En una respuesta oficial cargada de acusaciones, el Sindicato N°1 de Trabajadores ha desmentido categóricamente que la continuidad del plantel sea un «logro» de la gestión anterior, revelando en su lugar un escenario de negligencia administrativa, sanciones estatales y una asfixia financiera provocada por pugnas legales.
El polémico anuncio de «estabilidad»
La crisis se agudizó tras un comunicado de Diego Benavides, Director Académico y Gerente Educativo, emitido el 19 de marzo de 2026. En él, aseguraba que, mediante un abogado particular contratado por la ex sostenedora Victoria Moreno, se había logrado asegurar la permanencia en el edificio para todo el año escolar. Benavides presentó este hecho como un respiro de «tranquilidad» frente al complejo escenario que vive la comunidad.
La verdad tras la tregua judicial
El sindicato ha calificado estas declaraciones de «irresponsables y perjudiciales», acusando a Benavides de intentar instalar una idea de éxito inexistente. Según los trabajadores, la suspensión del desalojo no es un mérito de la antigua administración, sino una consecuencia legal automática dictada por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar el 18 de marzo. El tribunal falló que, al existir una administración provisional, los bienes del colegio no pueden ser embargados ni desalojados por deudas contraídas antes de dicha intervención. Por tanto, la permanencia depende de la figura del administrador y no de gestiones privadas.
Inhabilitación y negligencia: Los datos ocultos
El comunicado sindical expone detalles demoledores sobre la gestión que llevó al colegio al abismo:
- Sanción de la Superintendencia: Se confirmó que la Superintendencia de Educación dejó firme la inhabilitación de la rectora, debido a su fracaso en garantizar la continuidad del proyecto educativo.
- Falta de previsión: La crisis de desalojo se originó porque la administración anterior no aseguró un contrato de arriendo vigente, dejando al colegio desprotegido legalmente.
- Obstrucción y «fuga» de fondos: El sindicato denuncia que integrantes de la Fundación Santa María Mazzarello han iniciado demandas contra el actual sostenedor, lo que obliga a gastar recursos económicos —que deberían ir a los alumnos— en defensas legales y procesos judiciales.
Un clima de hostilidad interna
La tensión ha llegado al plano personal, con denuncias de que Benavides, incluso estando con licencia médica, ha manifestado molestia por el uso de oficinas por parte del administrador provisional, quien tiene plenas facultades legales para ocuparlas.
Para el sindicato, la situación actual no es una solución definitiva, ya que el proceso de restitución del inmueble y las deudas acreditadas siguen vigentes. Los trabajadores insisten en que la única vía de supervivencia es el esfuerzo colectivo y soluciones reales, lejos de lo que consideran comunicados de éxito ficticios que solo confunden a las familias.
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