Lo que durante casi un siglo se erigió como un bastión de excelencia académica y tradición en Viña del Mar ha terminado transformándose en una de las crisis institucionales, financieras y humanas más amargas de la Región de Valparaíso. El colapso del Colegio María Auxiliadora no ocurrió de la noche a la mañana; fue la crónica de un naufragio anunciado, meticulosamente documentado y alertado paso a paso por las investigaciones de periodismo independiente de Evolutiva Medios.
Desde mediados de 2025, el panorama del establecimiento comenzó a dar señales inequívocas de deterioro grave. En septiembre de ese año se revelaron graves discrepancias financieras y un incipiente conflicto legal por el arrendamiento del inmueble que ocupaba el colegio. Para noviembre, la Superintendencia de Educación resolvió revocar el Reconocimiento Oficial al colegio por «incumplimiento grave», tras acumularse demandas e impagos millonarios por el arriendo de las dependencias.
Llegado enero de 2026, ante la inminencia de un desalojo judicial y con el agua hasta el cuello, las autoridades y sostenedores del colegio intentaron calmar las aguas anunciando un traslado a un nuevo recinto y minimizando las publicaciones de los medios. Sin embargo, como lo advirtieron las indagaciones periodísticas, el fin del establecimiento en sus términos tradicionales era inevitable. A mediados de 2026, la crisis tocó fondo cuando la investigación de Evolutiva Medios expuso los trasfondos detrás de la administración de la Fundación Educacional Santa María Mazzarello: vínculos familiares, maniobras de protección de marca y una opacidad en el manejo de recursos que dejó en la indefensión a cerca de 600 estudiantes y más de 80 trabajadores.
El desenlace de esta historia ha sumado un capítulo que roza lo insólito. Tras la revocación de la autonomía, la insolvencia declarada por la administración provisional y el anuncio de un cierre irreversible que dejará sin indemnización a los profesores y asistentes de la educación, la exadministración ha decidido tomar la ofensiva judicial. Pero esta ofensiva no busca reparar el daño causado a las familias que quedaron a la deriva ni asegurar el pago de los finiquitos laborales.
Por el contrario, María Francisca Garcés Moreno y Diego Felipe Benavides Bravo, representantes vinculados a la Fundación Educacional Santa María Mazzarello, interpusieron una demanda civil por daño moral ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar. La acción judicial va dirigida en contra del Sindicato N°1 de Trabajadores del Colegio María Auxiliadora y de tres de sus dirigentas sindicales: Catalina Velásquez González, Paula Espinoza Vargas y Jessica Fuentes Silva. En ella, exigen una indemnización económica de $80 millones de pesos ($40 millones para cada demandante), acusando al gremio de haber realizado expresiones e imputaciones que habrían dañado su honra en medio de las movilizaciones y denuncias públicas producidas por el cierre del colegio.
Resulta profundamente contradictorio que quienes lideraron una gestión marcada por millonarios impagos de arrendamiento, pérdida del reconocimiento oficial y descalabro financiero pretendan hoy silenciar las voces de quienes exigían dignidad laboral y transparencia informativa. Mientras las dirigentas sindicales enfrentan esta acción legal con la frente en alto y con el respaldo de sus representados —convencidas de haber actuado en defensa legítima del trabajo y la educación—, la comunidad educativa de Viña del Mar atestigua un amargo espectáculo: el de un proyecto educativo destruido desde sus cimientos y cuyos responsables pretenden saldar sus deudas reputacionales a costa del bolsillo de los propios trabajadores que terminaron perdiendo sus fuentes de empleo.
Acerca del autor
