En lo que se ha calificado como un golpe demoledor a la credibilidad de la administración, el Concejo Municipal de Viña del Mar rechazó ayer la licitación para el arriendo de 34 camionetas destinadas a Seguridad Pública. La sesión, que debía ser un trámite para la alcaldía, se transformó en un escenario de acusaciones de irregularidades, presiones indebidas y una gestión jurídica desesperada por salvar un proceso que los concejales no dudaron en calificar como «viciado».
El Muro del Quórum y la Inoperancia Administrativa
Pese a los intentos de la administración por forzar la aprobación, la propuesta de 1.525 millones de pesos se hundió al no alcanzar el quórum calificado de siete votos** exigido por ley para contratos que exceden el periodo alcaldicio. Con apenas 5 votos a favor y 4 en contra, la propuesta fue declarada oficialmente rechazada, dejando al descubierto la **incapacidad de la alcaldesa para generar consensos en una materia tan sensible como la seguridad ciudadana.
Denuncias de «Letra Chica» y un Proceso Bajo Sospecha
La desconfianza reinó en el debate. Los concejales críticos denunciaron que la oferta seleccionada contenía
«letras chicas» y condiciones ocultas que no figuraban en las bases originales. El concejal Sandro Puebla fue enfático al señalar que permitir que los oferentes impongan sus propias reglas es una irresponsabilidad que podría terminar «costándole más caro a la municipalidad».
Por su parte, el concejal Francisco Mejías lanzó una de las críticas más ácidas, advirtiendo que la administración intentaba validar una oferta que vulneraba la igualdad de los oferentes y la estricta sujeción a las bases, Mejías alertó que aprobar este proceso «viciado» exponía al consejo a un grave riesgo administrativo, judicial y patrimonial.
El Escándalo de las Presiones: ¿Gestión o Intimidación?
El momento de mayor tensión se vivió cuando el concejal José Tomás Bartolucci denunció públicamente lo que calificó como presiones inaceptables por parte de la alcaldía. Según Bartolucci, la administración utilizó «avisos» y advertencias de futuras demandas de indemnización contra los concejales para intentar forzar su voto.
«Es lamentable que se nos presione de la manera que lo hace… al Consejo se le debe respetar y no tratar de forzar su voluntad», sentenció el edil, comparando este actuar con episodios previos igualmente oscuros, como la rebaja de sueldos en salud y el polémico caso de las cámaras de televigilancia
Maniobras Jurídicas Insuficientes
Ni siquiera el despliegue del director jurídico, quien intentó equiparar este caso con un fallo del Tribunal de Contratación Pública (Causa 260-2023), logró convencer a la disidencia. Bartolucci desarmó el argumento oficial señalando que los casos no eran análogos y que no se podía ignorar que el oferente impuso condiciones particulares sobre la responsabilidad por daños en los vehículos, algo que debió ser evaluado y no dejado a la «buena voluntad» de la ejecución del contrato.
Al final de la jornada, el municipio de Viña del Mar no solo se queda sin los vehículos de seguridad, sino que queda sumido en un clima de sospecha y confrontación, demostrando que la actual administración parece priorizar las maniobras de presión por sobre la transparencia y la legalidad que la ciudad exige.
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