Evolutivamedios accedió de forma exclusiva a documentos que revelan una grave controversia legal que envuelve a la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. El Director CEO del Grupo Jurídico Lex, Héctor Mella Vergara, en representación de la sociedad Comercial Xin Huia Chile Limitada y su representante legal, Yi Ye, ha interpuesto un requerimiento formal exigiendo que el alcalde Nelson Estay Molina se abstenga de intervenir en cualquier procedimiento administrativo relacionado con su representada .
Origen del conflicto y denuncias penales
La disputa escaló luego de que la empresa fuera imputada por funcionarios municipales por presuntos delitos de explotación de juegos de azar . Ante esto, la defensa de la comercializadora optó por una estrategia de auto denuncia (Causa RUC N°2600637245-6) ante la Fiscalía Local de Villa Alemana, alegando que los actos administrativos ejecutados por el alcalde y sus fiscalizadores han sido «ilegales, arbitrarios y constitutivos de delito»
El Principio de Abstención
El núcleo del requerimiento se basa en el Artículo 12 de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos del Estado Según este principio, las autoridades deben abstenerse de intervenir cuando exista una «cuestión litigiosa pendiente» con algún interesado o cuando haya una «enemistad manifiesta» .
La parte demandante sostiene que, al existir acciones judiciales en curso donde el alcalde y su equipo tienen la calidad de imputados, estos pierden la imparcialidad necesaria para ejercer sus funciones fiscalizadoras contra la empresa .
Vulneración de derechos fundamentales
En el documento, se denuncia la vulneración de diversas garantías consagradas en la Constitución Política de la República, tales como:
Igualdad ante la ley (Art. 19 N°2): Afirman que no debe haber grupos privilegiados ni «justicia por mano propia» .
Libertad económica y derecho de propiedad (Art. 19 N°21 y 24): Protegiendo la actividad comercial de la empresa.
Exigencias y notificaciones
El requerimiento exige que el alcalde, en su calidad de imputado, notifique formalmente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre su «inhabilitación» para actuar contra el querellante hasta que se resuelvan las acciones judiciales . El incumplimiento de estas normas podría dar lugar a sanciones penales y administrativas adicionales .
El documento ha sido remitido con copia a organismos de alta relevancia, incluyendo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, el Ministerio Público, la Dirección General de Carabineros y el Honorable Concejo Municipal, asegurando que la situación sea monitoreada por múltiples instancias legales .




