Por estos días, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, calificó como «sádica» la tramitación de la denominada megarreforma, argumentando que resulta inaceptable discutir determinados proyectos mientras el país enfrenta tragedias con personas fallecidas y desaparecidas.
El calificativo llama la atención. No solo por su dureza, sino porque obliga a preguntarse qué entiende la alcaldesa por «sadismo». ¿Será únicamente aquello que ocurre en el Congreso Nacional o también aquello que sucede puertas adentro de la Municipalidad de Viña del Mar y de la Corporación Municipal que ella preside?
La coherencia es un valor indispensable en el servicio público. Quien utiliza conceptos tan fuertes para cuestionar a otros debe estar dispuesto a que su propia gestión sea examinada con el mismo rigor.
En los últimos años, diversos funcionarios municipales y de la Corporación han denunciado ambientes laborales complejos, situaciones de acoso y conflictos internos. Incluso, la Dirección del Trabajo sancionó a la Corporación Municipal de Viña del Mar con una multa de 60 UTM por no adoptar oportunamente medidas de resguardo para una trabajadora denunciante de acoso laboral, incumpliendo las medidas ordenadas por la autoridad fiscalizadora.
Pero el problema, según relatan distintos trabajadores, no se limitaría a un solo caso. Funcionarios de diversas unidades municipales afirman que existen denuncias e investigaciones en el marco de la Ley Karin en distintos departamentos del municipio. Entre ellos, se mencionan Seguridad Ciudadana y, más recientemente, dependencias del Palacio Rioja. También sostienen que existe un ambiente de temor que inhibe a algunos trabajadores de denunciar formalmente por miedo a represalias o a afectar su estabilidad laboral.
Si esos testimonios son efectivos, el problema trasciende los expedientes administrativos y se transforma en un asunto de cultura organizacional. La Ley Karin precisamente fue creada para garantizar ambientes laborales libres de violencia, acoso y represalias, obligando a los empleadores públicos y privados a prevenir, investigar y proteger a quienes denuncian.
Una institución donde los trabajadores sienten miedo de hablar es una institución que debe revisar profundamente su liderazgo. El silencio nunca puede ser interpretado como ausencia de problemas; muchas veces es la consecuencia del temor.
Entonces cabe una pregunta incómoda: ¿no constituye también una forma de crueldad institucional retrasar medidas de protección, permitir que las denuncias se prolonguen o generar un ambiente donde los funcionarios teman ejercer sus derechos?
El liderazgo no se demuestra únicamente con declaraciones públicas o discursos políticos. Se demuestra en la capacidad de proteger a quienes sostienen diariamente el funcionamiento del municipio.
Resulta paradójico que una administración que ha levantado las banderas de la dignidad, la igualdad y los derechos laborales deba enfrentar cuestionamientos precisamente respecto del trato hacia sus propios trabajadores.
La empatía no puede ser selectiva. Debe comenzar por casa.
Porque el verdadero significado del «sadismo» no está solamente en las decisiones que se critican desde la política nacional. También puede encontrarse cuando quienes tienen el deber de cuidar a sus trabajadores permiten que el miedo, el silencio o la desprotección se instalen dentro de la propia institución.
La ciudadanía espera una administración que no solo hable de derechos, sino que los garantice. Una autoridad que exige humanidad a otros debe demostrarla primero con quienes trabajan bajo su dirección. Ese es el estándar que Viña del Mar merece.
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