Lo que comenzó como un rastro digital imperceptible en los metadatos de un archivo PDF, terminó por desatar una tormenta jurídica en los pasillos de la Municipalidad de Viña del Mar. La Contraloría Regional de Valparaíso ha tomado una decisión drástica: ordenó formalmente a la alcaldesa de la «Ciudad Jardín» instruir un procedimiento disciplinario inmediato para esclarecer las presuntas faltas a la probidad administrativa que apuntan directamente al núcleo jurídico del municipio.
La historia de este enredo institucional se remonta a una pugna urbanística entre la empresa Makroceano S.A. y la Dirección de Obras Municipales (DOM). Tras ver rechazada una solicitud de anteproyecto, la firma privada acudió a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, logrando que esta acogiera su reclamo a través de la resolución exenta N° 163 de 2026. La disputa escaló rápidamente hasta los tribunales, instalándose en la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo la causa Rol N° 75-2026.
Sin embargo, el verdadero giro de la trama ocurrió fuera de los tribunales.
La huella digital: «María José Corvalán – SECPLA»
El abogado de la empresa inmobiliaria, Jaime Esteban Piña Alvear, encendió las alarmas de la Contraloría con una denuncia demoledora. Según el jurista, tres organizaciones sin fines de lucro presentaron un recurso judicial en contra de la resolución que favorecía a su cliente. Al revisar los detalles técnicos y de propiedad de dicho documento, emergió un dato revelador: el texto judicial de los particulares figuraba como creado el 20 de marzo de 2026 a las 12:08 horas, bajo la autoría explícita de «María José Corvalán – SECPLA».
El nombre no pasó inadvertido. María José Corvalán es funcionaria activa del municipio viñamarino y, además, es la cónyuge de Felipe Cornejo González, nada menos que el Director Jurídico de la misma municipalidad. La situación se tornó aún más compleja cuando el propio Cornejo asumió en persona el patrocinio, el poder y la evacuación del informe de la causa en la Corte de Apelaciones.
La sospecha de la denuncia era clara: una funcionaria municipal habría redactado, en pleno horario laboral y utilizando herramientas o cuentas institucionales, un escrito en favor de terceros para incidir en un litigio donde el municipio tenía un interés directo.
La normativa es tajante: Las leyes de probidad del Estado chileno prohíben de forma estricta que los funcionarios utilicen tiempo de su jornada de trabajo o recursos públicos para fines ajenos a la institución, así como intervenir en asuntos donde existan lazos familiares o circunstancias que resten total imparcialidad.
El contraataque municipal y el dictamen de Contraloría
Al ser requerida por el órgano fiscalizador, la Municipalidad de Viña del Mar se defendió mediante el oficio N° 825, descartando de plano la intervención de la funcionaria. No obstante, el municipio reconoció un elemento que terminó por ser su propio talón de Aquiles: el uso efectivo de la cuenta de usuario a nombre de Corvalán.
Ante esta evidencia, plasmada en el Oficio N° OF129249/2026 firmado electrónicamente por el Contralor Regional (S), Jaime Guarello Mundt, la entidad fiscalizadora determinó que las explicaciones no son suficientes para cerrar el caso. Si bien la Contraloría se abstuvo de opinar sobre el fondo del juicio en la Corte, fue categórica respecto a la conducta interna: la sospecha de que se elaboró un texto para particulares en horario de oficina y con equipos públicos es una veta que se debe investigar a fondo.
Los próximos pasos del municipio
El dictamen no deja espacio a dobles interpretaciones. La alcaldesa tiene un mandato perentorio:
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Iniciar un procedimiento disciplinario formal para determinar el grado de responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.
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Enviar una copia del acto administrativo que ordene este sumario directamente a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República.
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Cumplir con este dictamen en un plazo fatal de 15 días hábiles administrativos contados desde la recepción del documento.
El reloj ya está corriendo para la administración viñamarina, que ahora deberá desentrañar de cara a la comunidad cómo y por qué la cuenta de una de sus funcionarias terminó redactando las batallas judiciales de terceros.
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