Una investigación revela una grave desprolijidad administrativa en la Municipalidad de Viña del Mar, donde la Dirección de Seguridad Pública, encabezada por Alejandro Urbina , ha sido señalada por ignorar los plazos perentorios establecidos en la Ley N°20.730 (Ley de Lobby), dejando en la indefensión a ciudadanos que buscan transparencia en la gestión pública .
Cronología de una omisión legal
El caso, que involucra la solicitud de audiencia con el Folio MU340AW2160353 , evidencia una demora que triplica los márgenes legales permitidos . Según los registros oficiales de la Plataforma Ley de Lobby:
15 de abril de 2026: Un ciudadano ingresó formalmente una solicitud de audiencia dirigida al Director de Seguridad Pública.
30 de abril de 2026: Tras 15 días de silencio administrativo, la autoridad finalmente emitió un pronunciamiento .
Este retraso contraviene directamente la normativa técnica de la plataforma, la cual estipula explícitamente que «la autoridad deberá pronunciarse dentro de 3 días hábiles sobre la solicitud de audiencia». En este caso, el Director Urbina se tomó más de dos semanas para entregar una respuesta que, por ley, no debió superar las 72 horas hábiles.
Expertos en transparencia sugieren que esta respuesta tardía no solo es una falta de deferencia, sino una posible infracción a los deberes del cargo, ya que la autoridad retuvo la solicitud sin procesarla debidamente, impidiendo al solicitante corregir la información o buscar otras vías de comunicación de manera oportuna
Posibles consecuencias legales
Aunque la Municipalidad no ha emitido una declaración oficial, el incumplimiento de los plazos de la Ley de Lobby no es un asunto menor. De acuerdo con el marco regulatorio general (información externa a las fuentes), este tipo de omisiones pueden ser denunciadas ante la Contraloría General de la República.
Las sanciones por infringir los deberes de transparencia activa y los procedimientos de la Ley N°20.730 pueden incluir multas económicas para el funcionario responsable y el inicio de procesos disciplinarios por falta a la probidad administrativa.
Este caso pone de manifiesto la brecha entre el discurso de «puertas abiertas» y la realidad burocrática que enfrentan los vecinos de Viña del Mar al intentar fiscalizar la seguridad pública de su comuna.
Acerca del autor
