Evolutivamedios accedió a documentos judiciales y administrativos que revelan un complejo escenario legal y político que enfrenta la administración de la Ilustre Municipalidad de Santa María. La causa, caratulada como “HERRERA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA” (RIT T-32-2025), ha dado un giro inesperado con la reciente inhabilitación del juez titular y la intervención de la Cámara de Diputados.
El origen del conflicto: Acusaciones de violencia y hostigamiento
La Directora de Salud municipal, Nataly Herrera, interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales, denunciando haber sido víctima de presuntos actos de violencia, acoso laboral y aislamiento institucional. Según los antecedentes, la funcionaria habría sufrido hostigamiento indirecto y exposición en redes sociales, lo que ha derivado en un serio desgaste emocional.
Un punto clave de la acusación se sostiene en el peritaje del psiquiatra Rafael Vizuete Barros, quien durante el proceso señaló que el daño emocional de la demandante fue gatillado, entre otros factores, por el «hostigamiento que se presentó por el nuevo alcalde».
El polémico rol del juez y la «recusación amistosa»
El proceso judicial sufrió un traspié tras la audiencia del pasado 13 de enero. Según el escrito de recusación amistosa —fundado en los artículos 124 del Código de Procedimiento Civil y 196 del Código Orgánico de Tribunales— presentado por el abogado de la denunciante, Homero Caldera, el magistrado Arturo Eduardo Ull Yañez mantuvo una actitud «agresiva, intimidante y carente de ecuanimidad».
Los documentos a los que accedió Evolutivamedios detallan que el juez habría realizado más de 30 preguntas al perito psiquiatra, las cuales fueron calificadas por la parte demandante como «impertinentes, confusas y capciosas». La defensa de Herrera acusó al magistrado de abandonar su imparcialidad para asumir una «verdadera defensa de la Municipalidad», intentando direccionar las respuestas del perito hacia factores externos, como los paros de gremios de salud, obviando la responsabilidad de la autoridad comunal.
Incluso, se cuestionó que el juez interrumpió a la abogada municipal para profundizar él mismo en interrogantes que buscaban exculpar a la administración. Además, se denunció que el magistrado no preguntó absolutamente nada sobre el contenido de dos «extrañas» reuniones citadas en diciembre de 2024 y febrero de 2025, las cuales son consideradas antecedentes críticos por la denunciante.
La resolución judicial: El juicio vuelve a cero
Ante la presión legal y con el fin de «precaver eventuales vicios de nulidad» que afecten el procedimiento o la sentencia, el juez Ull Yañez resolvió este 4 de marzo de 2026 inhabilitarse para conocer la causa bajo los artículos 429 y 454 del Código del Trabajo. En su resolución, el magistrado aclaró que esto no implica un reconocimiento de los hechos imputados, pero ordenó dejar sin efecto todo lo obrado en etapas clave del juicio, específicamente desde los folios 112 al 119 inclusive.
Como consecuencia, la causa debe retrotraerse para citar a una nueva audiencia de juicio ante un juez no inhabilitado, lo que prolonga la incertidumbre procesal para ambas partes.
Fiscalización desde la Cámara de Diputados y posibles irregularidades en el CESFAM
En paralelo, la diputada Chiara Barchiesi envió un oficio de fiscalización al alcalde de Santa María, exigiendo explicaciones sobre la extensión de un sumario administrativo contra Herrera que ya supera el año. La parlamentaria advirtió que esta dilación genera una «revictimización sostenida» en la incertidumbre y solicitó transparencia sobre los mecanismos de imparcialidad adoptados por el municipio, dada la evidente disparidad de poder entre el alcalde y la denunciante.
Además, el oficio solicita información sobre otros casos de acoso laboral bajo la actual administración y detalles sobre la contratación de personal en el CESFAM. Específicamente, la diputada pidió informar el estado del concurso público para el cargo de Director/a Técnico/a del CESFAM y aclarar si quien ostenta actualmente ese cargo posee algún grado de parentesco con otros directores del municipio, buscando determinar posibles irregularidades adicionales en la gestión comunal.
Acerca del autor
