Ante la incertidumbre que rodea el inicio del año escolar, se ha interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el objetivo de resguardar la continuidad educativa de 831 niños y niñas del Colegio María Auxiliadora, Esta acción legal surge como respuesta a un conflicto entre privados que amenaza la permanencia de la comunidad educativa en su actual recinto.
Un conflicto entre privados que afecta el interés público
El caso del Colegio María Auxiliadora se ha tornado complejo debido a un litigio entre inmobiliaria y la fundación administradora por conceptos de deuda y ocupación del inmueble,,. A pesar de que el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar ya rechazó una solicitud de desalojo del recinto educativo, la comunidad busca garantías definitivas para que las disputas financieras no vulneren el derecho fundamental a la educación.
El abogado Ignacio Tapia, quien asumió la defensa de los menores, explicó que el recurso busca suspender los efectos de cualquier eventual desalojo futuro y otorgar «tiempo, espacio y recursos» para asegurar que los estudiantes no se vean afectados por intereses particulares,.
Intervención del Estado y administración provisional*
Ante la gravedad de la situación, el Estado ha nombrado un administrador provisional, cuya función principal es ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los estudios y brindar certeza a las familias,.
El diputado impulsor de la medida enfatizó que, si bien existen trámites judiciales respecto a las deudas del colegio, la prioridad debe ser el cumplimiento de la ley que ampara el derecho de los niños a no perder su educación, «Lo que no puede ocurrir es que se le quite el derecho a la educación a los niños y niñas de este establecimiento», señaló la autoridad.
Cuestionamientos de la prensa: Las preguntas de Evolutiva Medios
Durante la instancia, el medio Evolutiva Medios realizó preguntas sobre la gestión del conflicto y la demora en las acciones legales,. A continuación, se detallan las interrogantes planteadas:
Sobre la demora en la acción legal: Se consultó directamente al diputado ¿por qué decidieron esperar tanto tiempo? para presentar este recurso, considerando que la situación de la deuda del colegio «reventó» en junio del año pasado.
Sobre la falta de información a los apoderados: El medio insistió en que, cuando el conflicto se hizo público en junio, ningún apoderado sabía que el colegio mantenía una deuda, cuestionando por qué no se iniciaron los trámites legales de protección inmediatamente desde esa fecha.
Respuesta a los cuestionamientos:
Ante estas preguntas, se explicó que durante los últimos meses se llevaron a cabo múltiples reuniones con el Ministerio de Educación y otros agentes educativos para intentar resolver el tema de «buena manera»,. El diputado subrayó que los litigios financieros son responsabilidad de los tribunales de justicia y no deben ser un «resorte» o carga para los apoderados ni para los niños,. El objetivo actual del recurso es, precisamente, que el derecho constitucional a la educación no se vea relativizado por las disputas entre la inmobiliaria y la fundación.
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