En una semana de alta tensión judicial, la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara Stewart, ha escalado sus acciones legales contra el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. La estrategia busca dos objetivos centrales: que el Fiscal Nacional asuma personalmente las indagatorias por la «Casa Allende» y revertir el cierre de la causa por malversación de caudales públicos vinculada a su defensa penal.
1. Solicitud al Fiscal Nacional: Invocando la Gravedad Institucional
La Fundación presentó una solicitud formal ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, para que, bajo el amparo del artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, asuma directamente la dirección de las investigaciones.
Los ejes del conflicto:
Caso «Casa Allende»: Relativo a presuntas irregularidades en la compraventa del inmueble homónimo.
Defensa Privada: Investigación sobre el uso de fondos públicos para contratar a un penalista privado para representar al mandatario.
El documento critica duramente al Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, acusándolo de una «clausura anticipada» de las causas. Se le cuestiona haber decidido no perseverar en la arista de la propiedad y haber intentado un sobreseimiento definitivo en la arista de la defensa privada, lo cual fue calificado por los querellantes como una estrategia para fragmentar y cerrar el caso.
Antecedentes y Diligencias Pendientes
La querella sostiene que existen pruebas para una formalización, apuntando a:
Genaro Cuadros: Acusado de ser el «ideólogo» de la operación mientras percibía honorarios de la Subsecretaría de Defensa por informes presuntamente plagiados («copiar y pegar»).
Vínculos Políticos: La operación habría beneficiado a una fundación ligada a la familia Allende, involucrando a una exsenadora y una Ministra de Estado.
El «Cheque 403128»: La defensa exige esclarecer el destino de este documento emitido por el Fisco durante la compraventa y tomar declaración a la exsenadora Isabel Allende.
2. Revés Judicial para el Mandatario: Corte de Apelaciones reactiva causa por Malversación
En paralelo, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (integrada por la ministra Romy Rutherford, el ministro Patricio Martínez y el abogado Rafael Plaza) dictó un fallo de alta complejidad técnica que revoca el sobreseimiento definitivo del Presidente Boric.
El alegato de la querella
El abogado Palamara Stewart argumentó que el uso de 350 UF (más de 13 millones de pesos) del presupuesto de Presidencia para contratar un defensor privado constituye el delito de malversación de caudales públicos (Art. 235 del Código Penal). Palamara sostuvo que:
La defensa funcionaria solo aplica para actos legítimos en el ejercicio del cargo.
El propio Presidente admitió que en la compraventa de la «Casa Allende» actuó con «error y desconocimiento», situando el acto fuera del marco constitucional.
La contratación de un defensor privado es un acto subjetivo de confianza que no cumple con los principios de objetividad de la contratación pública.
Los fundamentos del Fallo (Rol Corte N° 6116-2025)
La Corte determinó que no existe la «certeza negativa» necesaria para cerrar el caso, basándose en:
Independencia del Juicio Penal: Aunque Contraloría declaró el contrato ajustado a derecho administrativo, la Corte aclaró que esto no impide ni condiciona la investigación penal.
Carencia de Necesidad Pública: Se observó que los intereses de la Presidencia ya son representados institucionalmente por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Conexión con Fraude al Fisco: La valoración de estos hechos depende de la causa RIT 379-2025, donde el mandatario figura como uno de los 17 imputados.
«La corrupción debilita el Estado de Derecho… el desfalco de fondos públicos se traduce directamente en muertes evitables, pobreza y exclusión», sentencia el escrito de la Fundación.
Siguientes Pasos
Tras el fallo del 21 de enero de 2026, el Ministerio Público está obligado a continuar con la investigación y realizar las diligencias solicitadas. Por su parte, el Fiscal Nacional deberá decidir si interviene directamente en la causa para garantizar la objetividad que, según la querella, se perdió bajo la gestión regional actual.
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