Un reciente dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso (Oficio N° E218701/2025) ha puesto fin a la controversia sobre la gestión de Camila Cáceres Fredes como Directora del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Villa Alemana. El organismo fiscalizador determinó que no existió ilegalidad ni incompatibilidad en su desempeño, desestimando las dudas planteadas por la diputada María Francisca Bello respecto a defensas privadas vinculadas a la Ley de Drogas.
El Fallo de Contraloría: Cumplimiento estricto de la norma
La investigación se originó tras cuestionamientos sobre la participación de Cáceres en diversas causas penales (RIT 5.671-2019, 100-2022, entre otras).
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Sin embargo, la Contraloría fue tajante:
Desvinculación oportuna: Se acreditó que la abogada renunció formalmente a sus patrocinios y poderes el 5 de diciembre de 2024, previo a su ingreso a la entidad edilicia.
Sin inhabilidades: Según el artículo 61 de la ley N° 20.000, el impedimento para ejercer cargos públicos cesa en el momento en que el abogado renuncia a la representación de imputados, condición que la profesional cumplió.
Caso específico en Quilpué: Respecto a una causa en la que se le delegó poder en 2022 (RIT 1.213-2020), el organismo verificó que no realizó gestión alguna en dicho proceso.
Entrevista Exclusiva con Evolutiva Medios: «Me despidieron, no renuncié»
En una conversación profunda con Evolutiva Medios, Camila Cáceres Fredes abordó el impacto personal de este proceso y entregó detalles que contradicen la narrativa oficial de la municipalidad.
1. Silencio total de las autoridades
Cáceres reveló a Evolutiva Medios que, a pesar de la contundencia del informe de Contraloría que limpia su imagen profesional, existe un silencio absoluto por parte de la administración local. «A esta hora, nadie del Municipio de Villa Alemana se ha comunicado conmigo», señaló la abogada, enfatizando que ni el alcalde, ni el jefe de gabinete, ni el administrador municipal han tomado contacto tras conocerse el dictamen.
2. El mito de la renuncia voluntaria
La profesional aclaró que su salida no fue por voluntad propia. «Jamás renuncié», enfatizó, relatando que el administrador municipal le sugirió entregar el cargo, pero ella se negó. Finalmente, el municipio emitió un decreto alcaldicio de vacancia el 29 de julio de 2025.
3. Persecución política y amenazas
La abogada denunció que el caso fue utilizado como «tribuna política». Esta exposición derivó en consecuencias graves:
* Seguridad Personal: Reveló haber recibido amenazas de ataques físicos y daños a su hogar («iban a piedrear mi casa»).
Salud Mental: Confirmó estar bajo terapia constante y medicación debido al estrés de la situación.
Bloqueo Profesional: Lamentó que clientes han desistido de contratarla por dudas sobre su ética, las cuales hoy quedan despejadas.
Cuestionamiento al actuar del Municipio
El dictamen de Contraloría también deja una crítica a la administración local, señalando que el municipio debió privilegiar una investigación mediante sumario antes de tramitar el cese de funciones. Al no hacerlo, la responsabilidad administrativa de la ex funcionaria se considera legalmente extinta.
Además, se detectó que el cese de funciones no estaba debidamente registrado en el sistema de información de la Administración del Estado (SIAPER), situación que la Contraloría ordenó regularizar a la Unidad de Personal.
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