La revelación de una investigación periodística realizada por este medio y publicada el pasado jueves 3 de septiembre sobre el ex Restaurant San Marino ha provocado un terremoto administrativo y político en la región . El reportaje de Evolutiva Medios*expuso cómo un recinto con orden de demolición y clausura vigente se remodela activamente mediante obras clandestinas a plena luz del día
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Ofensiva desde la Cámara de Diputados basada en el reporte de este medio
Ante la gravedad de los hechos informados, el diputado Celis presentó el viernes 4 de septiembre una solicitud de oficio citando explícitamente la nota de investigación de Evolutiva Medios . En el documento, dirigido a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar; y a la Contralora Regional, el parlamentario exige aclarar la falta de fiscalización municipal ante las denuncias de vecinos sobre la instalación de paneles solares y terrazas en un lugar que cuenta con sellos de clausura .
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Reacciones y filtraciones exclusivas
La respuesta de las instituciones tras la publicación de la nota de este medio ha sido dispar:
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: Ha mantenido un bloqueo informativo, derivando las consultas de la prensa a trámites por Ley de Transparencia y eludiendo dar respuestas inmediatas ante la opinión pública tras ser requerida por Evolutiva Medios.
Municipalidad de Viña del Mar: Fuentes internas confirmaron en exclusiva a este medio que, ante la gravedad de las denuncias, el municipio planea realizar una fiscalización de urgencia inmediata . Esto ocurre luego de que el Departamento de Patentes admitiera formalmente que, aunque el decreto de clausura está vigente, se desconocía su ejecución material en terreno .
Un despojo de \$161 millones y vulneración de derechos
La investigación de Evolutiva Medios también sacó a la luz el trasfondo de un presunto fraude y despojo financiero contra el empresario Marco Antonio Luci, quien adquirió la concesión por $161 millones en 2019 . Luci, quien es una persona con discapacidad certificada, acusa que el Estado ha vulnerado la Ley N° 20.422 al no otorgarle la atención preferente que le corresponde en este conflicto administrativo .
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