El ente fiscalizador emitió el lapidario documento «FIRMADO_INFORME FINAL 253-2026 MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR SOBRE INSPECCIÓN EN TERRENO – JUNIO 2026.pdf», acreditando la nula trazabilidad y el descontrol en los operativos de decomiso.
La auditoría de Contraloría valida por completo las investigaciones periodísticas de Evolutiva Medios, que en abril pasado alertaron sobre «decomisos en la sombra» sin actas legales y expusieron el dramático caso del comerciante Emilio Vargas.
La justicia administrativa otorgó un plazo fatal de 15 días hábiles al municipio para iniciar un sumario obligatorio contra los funcionarios responsables.
Un punto de inflexión definitivo tomó la controversia por los operativos de seguridad en la Ciudad Jardín. La Contraloría Regional de Valparaíso notificó formalmente el documento «FIRMADO_INFORME FINAL 253-2026 MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR SOBRE INSPECCIÓN EN TERRENO – JUNIO 2026.pdf», el cual sepulta la defensa de la administración local y confirma un severo entramado de desorden administrativo, opacidad y vulneración de derechos en los procedimientos de fiscalización callejera.
Este dictamen del órgano fiscalizador no es casualidad: surge directamente tras la fiscalización en terreno motivada por el revuelo público y las denuncias ciudadanas que Evolutiva Medios levantó en el debate regional. Nuestro medio reveló de forma exclusiva cómo el Departamento de Inspección Comunal ejecutaba incautaciones fuera de todo margen legal —sin entregar actas de retención ni citaciones a los Juzgados de Policía Local—, ensañándose de forma dramática con Emilio Vargas, el conocido y vulnerable vendedor ambulante de dulces tradicionales de La Ligua. Hoy, la Contraloría ratifica punto por punto que estos decomisos se operaban «en la sombra».
El cruce de la verdad: Los hallazgos de Contraloría que confirman a Evolutiva Medios
El informe final de la Contralora Regional, María Soledad Pérez Reinoso, clasifica las irregularidades de la Dirección de Seguridad Pública como «complejas» y expone un panorama insólito sobre el destino de las especies requisadas a los trabajadores informales:
Bodegas sin control de stock (Artículos 2.1 y 2.2): Tal como lo advirtió la prensa, Contraloría constató la inexistencia total de un registro o inventario formal (físico o digital) que permita saber qué ingresa, qué se guarda y de quién son las pertenencias custodiadas. La propia jefatura encargada admitió que no existe control, abriendo una ventana peligrosa al extravío, hurto o sustitución indebida de bienes.
Actas «fantasmas» y sin foliación (Artículo 4.1): Las actas de comiso, donación o destrucción utilizadas por los inspectores de Viña del Mar carecen de un folio único o numeración correlativa previa. Al rellenarse de forma discrecional, se rompe cualquier posibilidad de trazabilidad fiscalizadora, validando la denuncia periodística de que los decomisos se hacían al arbitrio del funcionario de turno.
Dinero en efectivo guardado en tarros y cajas de zapatos (Artículo 5):Uno de los puntos más escandalosos del informe detalla las precarias condiciones del dinero incautado. En la Oficina de Inspección Comunal, el efectivo se mantenía «en un tarro metálico envuelto con cinta adhesiva transparente dentro de un clóset».
En la bodega municipal, en tanto, la plata se almacenaba en una caja de cartón de zapatos sellada con masking tape, metida dentro de una manta amarrada con un nudo, todo esto sin un registro único de montos ni fechas de ingreso.
Destrucciones sin ministros de fe (Artículo 6.1): Al revisar los procesos de eliminación de mercancías de este año, se detectó que de 29 actas, 18 omitieron registrar el nombre del funcionario que actuó como testigo obligado. Peor aún, las destrucciones se hacían en un tambor metálico y una batea en el estacionamiento del Polideportivo de Avenida Padre Hurtado, recinto abierto donde terceros ingresaban libremente a recuperar los productos decomisados, burlando el procedimiento.
Alarma en Prevención de Riesgos e Insalubridad
Haciendo uso de la rigurosidad técnica, el informe de Contraloría encendió las alarmas de seguridad laboral dentro de las bodegas municipales. En el segundo nivel del recinto se descubrió el acopio inestable de decenas de cilindros de gas decomisados, almacenados de forma horizontal y sin sujeción contra volcamientos o fugas. Al mismo tiempo, los extintores de emergencia se encontraban con sus cargas vencidas y bloqueados detrás de los mismos balones de gas, imposibilitando cualquier reacción rápida ante un amago de incendio.
Ultimátum para la administración comunal
Ante la contundencia de las pruebas, que vulneran frontalmente los principios de probidad y eficiencia del Estado consagrados en la Ley N° 18.575, la Contraloría impuso plazos urgentes e inapelables a las autoridades viñamarinas:
1. Sumario Administrativo Obligatorio: El municipio tiene un plazo fatal de 15 días hábiles para ordenar e instruir un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las responsabilidades de las jefaturas y el personal de inspección implicado en las malas prácticas. El decreto de inicio debe enviarse directo a la Contraloría Regional.
2. Plan de Trabajo en 60 días: La corporación local contará con un lapso de 60 días hábiles para remitir un plan de acción formalizado (Carta Gantt) destinado a implementar inventarios reales, formalizar reglamentos de bodega, instalar cámaras de vigilancia y subsanar las graves faltas de seguridad e higiene detectadas en terreno.
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