Tras meses de opacidad administrativa, el acceso a los documentos internos de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso —firmados por el Delegado Yanino Riquelme González— permite hoy reconstruir el «rompecabezas» financiero de la emergencia más letal de la última década en Chile. Los documentos revelan un ecosistema de contratos directos donde la logística de escombros y el saneamiento básico se llevaron la mayor parte del presupuesto público.
1. El «Club» de la Maquinaria: Los Contratos de Siete Cifras
La remoción de escombros fue el ítem más costoso. La urgencia de despejar las vías para la reconstrucción obligó a contratar servicios de gran tonelaje bajo presión horaria.
El Mayor Receptor: La empresa San Nicolás SPA (RUT 76.291.543-K) lidera la lista con un pago único de $3.233.053.166. Su labor, consistente en el despliegue de tolvas, cargadores frontales y bateas en jornadas de 24 horas, representa el contrato individual más alto de toda la emergencia.
La Disposición Final: Para que ese material no se acumulara, la empresa Veolia recibió $1.667.344.103, asegurando la recepción de miles de toneladas de escombros en rellenos sanitarios.
Servicio Hídrico: Esval, la sanitaria regional, figura con un monto de $1.665.991.057, destinado principalmente a la operatividad de la red en zonas de siniestro.
2. La Crisis de los Baños Químicos: El Caso DISAL
Uno de los hallazgos más reveladores del desglose es la dependencia estatal de la empresa DISAL (Ambipar) para mantener la higiene en los cerros. El documento muestra una fragmentación de facturas que, al sumarse, exponen un gasto masivo:
* Facturas correlativas por montos de $415.656.401, $393.999.300, $216.321.411 y $231.579.914.
En total, solo esta empresa gestionó más de $1.500 millones de pesos en arriendo y mantención de baños, evidenciando el altísimo costo de mantener infraestructura sanitaria móvil por tiempo prolongado.
3. La «Zona Roja» de los Contratos: Judicialización y Quiebras
No todos los servicios terminaron en un pago limpio. La investigación de estos documentos detectó dos casos críticos:
Ignous (Servicio de Drones): El contrato por $101.401.600 destinado a la vigilancia aérea durante 4 meses es el único en todo el reporte con el estado de «JUDICIALIZADO». Esto sugiere que la Delegación detuvo el pago debido a un conflicto legal o una disconformidad técnica en el servicio prestado, lo que hoy está en manos de tribunales.
* Novojet Chile Ltd (Alojamiento): Esta empresa, que prestó servicios en el Albergue José Francisco Vergara, aparece con un monto de $83.367.000. Sin embargo, su estado indica que la empresa está en proceso de quiebra, obligando al Estado a pagar a través de un síndico liquidador bajo la Ley 20.720.
4. El Costo de la Información y el Control de Plagas
La investigación revela que la «atención al público» fue un negocio millonario. Tres empresas se repartieron la tarea de informar a los damnificados:
Yankovic.net.spa: $210.016.321
Productora 370: $176.626.852
Civic: $173.392.925
Total en «Puntos de Información»: Más de $560 millones de pesos, superando con creces los montos destinados a otros servicios básicos de emergencia.
En paralelo, la empresa Domínguez Fuentealba SPA ejecutó una «limpieza silenciosa». Con más de 12 facturas distintas, realizó desratizaciones y sanitizaciones en ollas comunes, centros de salud y albergues, con montos que oscilaron entre $1,8 millones y $11 millones por operativo, sumando un total aproximado de $70 millones.
5. Educación y Aseo: El Retorno a Clases
Para que los niños de las zonas afectadas pudieran volver a las aulas, se contrataron servicios de aseo industrial profundo. La empresa Soc. Comercial Limpiecito HC Ltda. fue la encargada de intervenir establecimientos como la Escuela John Kennedy, Escuela Canal Beagle y el Jardín Mi Dulce Villa, con contratos que sumaron cerca de $91 millones.
Conclusión Analítica
Los documentos entregados vía transparencia demuestran que, si bien la mayoría de los proveedores han sido pagados (estado «PAGADO»), la gestión de la catástrofe se concentró en grandes corporaciones de logística y residuos.
La presencia de un contrato judicializado (Ignous) y una empresa en quiebra (Novojet) pone una nota de cautela sobre la celeridad con la que se eligieron algunos proveedores en los días más críticos de febrero. Esta «radiografía del gasto» queda ahora a disposición del escrutinio público para evaluar si los montos asignados fueron proporcionales a la ayuda recibida en terreno.
Puedes Revisar los documentos en el siguiente link :
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