La reciente declaración del Ministerio de Educación, donde aseguran estar «resguardando las trayectorias educativas» tras citar a la sostenedora para presentar un «plan de contingencia» este lunes 19 de enero, parece ser una reacción de emergencia ante un escenario judicial crítico. No obstante, los registros de lobby obtenidos por EvolutivaMedios revelan que la crisis era conocida por las autoridades desde hace años, sin que se lograra evitar el actual desenlace.
A continuación, detallamos la cronología y los puntos críticos que dejan en entredicho el rol de la Superintendencia de Educación y la SEREMI:
1. Transparencia bajo la lupa: El historial en InfoLobby
A través de la Ley de Lobby, EvolutivaMedios accedió a registros que muestran una constante gestión de la Fundación Educacional Santa María Mazzarello ante las autoridades, mucho antes de que se ordenara judicialmente la restitución del inmueble. Los documentos evidencian que el traslado y la continuidad del establecimiento han sido temas recurrentes en las mesas de trabajo:
* 7 de octubre de 2024: Se realiza una reunión por un «Traslado del colegio urgente» a otra comuna. En dicha cita, se entregaron orientaciones para mantener el RBD y se mencionó la necesidad de «sensibilizar a la comunidad escolar», algo que hasta hoy no se habría concretado de forma efectiva.
* 1 de abril de 2025: La fundación solicita asesoría sobre la «fecha cambio de lugar o colegio» ante la Superintendencia de Educación.
* 4 de abril de 2025: En una nueva audiencia, se ratifica que existe un plazo hasta junio (de 2025) para informar a la comunidad sobre el cambio de dependencia.
* 5 de diciembre de 2025: Se cita a una reunión clave para tratar la «continuidad… en proceso judicial y administrativo», pero la representante legal, no asiste y envía excusas.
* 10 de diciembre de 2025: Se vuelve a tratar la continuidad y una resolución administrativa ante la Superintendencia.
2. Silencio con la Comunidad: El vacío informativo
A pesar de que el Ministerio de Educación destaca el compromiso de la sostenedora de «informar oportunamente a su comunidad», la realidad reportada es distinta.
* La gran duda: Hasta el momento, no existe registro ni confirmación de que se haya realizado una reunión formal con apoderados y docentes para explicar el fallo del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, que ordena la restitución del inmueble a más tardar el 31 de enero de 2026 por deudas de arriendo.
3. Contradicciones y Plazos Vencidos
Mientras la Seremi afirma que monitorea la implementación del plan, el fallo judicial es categórico: el contrato de arriendo terminó debido a que la fundación no cumplió con el pago anual de $240 millones pactado para 2024 y 2025.
* La duda: Si la autoridad sabía desde abril de 2025 que el traslado era «urgente», ¿por qué se llega a enero de 2026 con un plan de contingencia de última hora y sin una solución habitacional para los estudiantes?
4. ¿Plan de Contingencia o Promesas de Papel?
La Seremi asegura que el plan busca dar «certezas a la comunidad educativa». Sin embargo, la justicia ya ha confirmado que el establecimiento no continuará funcionando en su sede actual durante 2026.
* La duda final: ¿Tiene la Superintendencia la capacidad de garantizar la continuidad educativa si, a solo días del plazo de desalojo, aún no se le ha dado la cara a los trabajadores y familias que sostienen el colegio?
Conclusión:
Los datos obtenidos por EvolutivaMedios sugieren que las autoridades educativas han pasado de ser fiscalizadores a acompañantes de un proceso de colapso anunciado. Mientras no exista una comunicación directa y transparente con los docentes y apoderados, el «plan de contingencia» corre el riesgo de ser solo un documento administrativo sin impacto real para salvar al Colegio María Auxiliadora.
¿Fiscalización o Acompañamiento Pasivo? Las Interrogantes tras la Crisis del Colegio María Auxiliadora
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