Una revisión de documentos obtenidos exclusivamente por Evolutivamedios revela una grave anomalía administrativa y fiscal en la Región de Valparaíso. Este medio accedió por vía de Transparencia de la Superintendencia de Educación al contrato de arrendamiento que vincula al sostenedor del Colegio María Auxiliadora (legalmente, Fundación Educacional Santa María Mazzarello) y la Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte Limitada.
El análisis detallado de dicho documento confirma que el colegio, que recibe la Subvención Escolar del Estado, habría continuado percibiendo estos fondos públicos durante casi cinco años después de que el contrato de arrendamiento sobre el inmueble donde funciona expirara formalmente, levantando serios cuestionamientos sobre la eficacia de la fiscalización del Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Superintendencia de Educación.
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El Documento Clave y su Fecha de Caducidad
El Contrato de Arrendamiento, cuya copia obra en poder de Evolutivamedios, fue suscrito el 11 de julio de 2018 y estableció un plazo de vigencia inequívoco: hasta el 31 de diciembre del año 2020.
Para que un establecimiento educacional mantenga el Reconocimiento Oficial (RO), requisito indispensable para recibir la subvención estatal, debe acreditar el título legal vigente que faculte la ocupación del inmueble destinado a fines educativos, según lo exige el Decreto Supremo N° 315.
Si el contrato de arrendamiento —el título legal conocido— expiró el 31 de diciembre de 2020, la Fundación Educacional Santa María Mazzarello, como sostenedora del Colegio María Auxiliadora, habría perdido el requisito esencial de ocupación legal a partir de enero de 2021.
El Flujo Inexplicable de Fondos Públicos
A pesar de la fecha límite contractual, el Colegio María Auxiliadora siguió operando en el mismo recinto de calle Cinco Norte N° 765 de Viña del Mar durante los ciclos escolares 2021, 2022, 2023, 2024 y, actualmente, 2025. Esto implica la continuidad en el cobro de la Subvención Escolar por matrícula efectiva y asistencia, fondos provenientes del erario nacional.
Esta situación genera una grave disonancia entre la fiscalización y la entrega de recursos. La Superintendencia de Educación tiene el mandato legal de velar por el correcto funcionamiento de los establecimientos y la observancia de la normativa educacional, incluida la verificación periódica de los requisitos de Reconocimiento Oficial.
La evidencia documental obtenida por Evolutivamedios expone una falla crítica en la cadena de control. Si el contrato terminó en 2020, la pregunta se impone: ¿Qué documento legal reemplazó a este arriendo, si es que lo hubo, para justificar la continuidad de la ocupación? Y si no hubo reemplazo, ¿por qué se mantuvo el financiamiento?
Las Interrogantes Abiertas para el MINEDUC y la Superintendencia
La situación plantea dos preguntas cruciales que demandan una respuesta urgente de las autoridades del Ministerio y la Superintendencia de Educación:
Siendo que el contrato de arrendamiento que sustentaba el título legal del inmueble expiró el 31 de diciembre de 2020, ¿por qué se le siguió pagando la subvención por parte del Ministerio de Educación al Colegio María Auxiliadora durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025?
¿Por qué la Superintendencia de Educación, que registra este contrato por vía de Transparencia, nunca revisó que el título legal del inmueble había terminado, contraviniendo las exigencias del Decreto 315 y permitiendo la entrega potencial de recursos públicos por un establecimiento sin un requisito fundamental vigente?
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