Lo que debería ser un ejercicio fluido de democracia y rendición de cuentas se ha transformado, una vez más, en un laberinto burocrático para los vecinos de Viña del Mar. La administración del «Municipio de Cuidados» ha vuelto a recurrir a la cuestionada prórroga legal para dilatar la entrega de información pública, evidenciando un patrón de opacidad que parece no tener fin.
Una demora con «letra chica»
A través del oficio Ordinario N° 4007, la municipalidad notificó que no podrá cumplir con los plazos originales para entregar las grabaciones de las comisiones municipales realizadas el pasado 6 de noviembre. La solicitud, ingresada originalmente el 9 de noviembre de 2025, ha entrado en una fase de «espera forzosa» que levanta serias dudas sobre la gestión de la información en el recinto de la calle Arlegui.
Los puntos que encendieron la polémica en esta nueva prórroga son:
* Excusas genéricas: El municipio afirma que «existen circunstancias que hacen difícil reunir la información». Resulta difícil de digerir que, en plena era digital, el acceso a grabaciones de reuniones públicas sea una tarea titánica para el equipo administrativo.
* Falta de coordinación interna: La justificación oficial señala que la unidad encargada debe «aclarar su respuesta y remitir antecedentes complementarios», dejando al descubierto una preocupante descoordinación entre los departamentos municipales.
Plazo al límite: Invocando el artículo 14 de la Ley N° 20.285, la entrega se postergó 10 días adicionales, fijando la nueva fecha de vencimiento para el 23 de diciembre de 2025.
¿Ineficiencia técnica o voluntad política?
Esta no es la primera vez que la administración de Viña del Mar estira los plazos legales al máximo. El uso sistemático de prórrogas para entregar contenidos básicos —como el registro de discusiones de comisiones— sugiere que la transparencia no es la prioridad que se prometió en campaña. En lugar de un flujo libre de información, los ciudadanos se encuentran con un muro de papel y plazos extendidos que entorpecen la fiscalización inmediata de los actos de gobierno.
«Efectuada la búsqueda de la información, se comprobó que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada». Esta frase, ya recurrente en los documentos oficiales, se ha convertido en el escudo perfecto para postergar el escrutinio público.
El último recurso: El Consejo para la Transparencia
De no mediar una respuesta satisfactoria al llegar la nueva fecha límite del 23 de diciembre, el solicitante tiene el derecho de recurrir ante el Consejo para la Transparencia (CPLT). El plazo para esta acción es de 15 días hábiles tras el vencimiento. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿Por qué una gestión moderna requiere llegar a instancias externas para entregar lo que, por ley, es de todos los viñamarinos?.
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