Padres Interponen Querella por Cuasidelito de Homicidio Tras Muerte de Recién Nacida Prematura en Hospital Gustavo Fricke

Ximena Mendoza y Eduardo Oyarce han presentado una querella por presunto cuasidelito de homicidio, alegando negligencias médicas graves que, según afirman, resultaron en la muerte de su hija prematura, Catalina, en mayo de 2022 en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. La querella fue admitida a trámite el lunes 16 de junio por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
Catalina nació el 28 de abril de 2022, prematuramente a las 34 semanas de gestación, con un diagnóstico prenatal de trisomía 18 y una cardiopatía que, según la información proporcionada a sus padres, era operable al momento del diagnóstico. La abogada patrocinante, Ana Victoria Quintana, ex fiscal del Ministerio Público, declaró que la querella fue interpuesta contra un grupo de médicos del Hospital Gustavo Fricke y contra quienes resulten responsables, buscando investigar el actuar negligente en la atención otorgada a la madre durante el embarazo, parto y postparto, y a su hija, quien fue diagnosticada con trisomía 18.
Los padres denuncian una serie de presiones por parte de los médicos, tanto durante el embarazo como después del nacimiento de la niña, que se tradujeron en la negación de apoyo terapéutico debido al diagnóstico de trisomía 18, una condición «mal llamada ‘incompatible con la vida'». La madre, Ximena Mendoza, quien comenzó a atenderse en el sistema público en enero de 2022 tras recibir el diagnóstico de un médico particular, afirma que desde su ingreso al Hospital Gustavo Fricke fue presionada reiteradamente para acogerse a la Ley de Aborto en Tres Causales, invocando la causal de malformación fetal de carácter letal. Ella considera este «hostigamiento» como una forma de violencia psicológica y discriminación. Ximena relata que en cada control le decían: «Tu hija está súper bien… pero se va a morir. Tú puedes abortar, tú puedes interrumpir este embarazo». A pesar de su negativa, las insistencias continuaron hasta que ella les pidió que cesaran.
Entre los hechos presentados en la querella se incluye una supuesta cesárea de emergencia a las 34 semanas sin justificación médica documentada, lo que, a juicio de los padres, redujo las posibilidades de sobrevida de Catalina.
Dos días después del nacimiento, los médicos del hospital supuestamente pidieron a los padres «ayudar a morir a su hija», argumentando que la incubadora «podía estar siendo usada por un niño sano». Para Ximena y Eduardo, esto refleja una lógica discriminatoria basada en el diagnóstico de su hija. A partir de ese momento, Catalina fue sometida a un retiro progresivo de equipos, sin respaldo clínico suficiente y sin respetar la voluntad de los padres de esperar su evolución y una evaluación médica integral. Ximena afirma que después de esa reunión, no volvió a ver a un médico revisando a su hija, solo a tens o matronas. Ella les había pedido una semana para ver la evolución de Catalina, y si empeoraba, ella misma pediría que la desconectaran.
Ángela Bucca, fundadora de Tri Colibrí, una agrupación de madres con hijos con trisomía 13 y 18, señala que es común que, tras un diagnóstico genético, los médicos indiquen que el protocolo es «dejarlos morir» debido a que el síndrome es «incompatible con la vida», argumentando «ensañamiento terapéutico». Bucca añade que no siempre los niños requieren tratamientos invasivos para tener calidad de vida, y que generalmente no se les realizan exámenes para determinar su real condición médica ni se les brindan cuidados paliativos.
A pesar de la solicitud de los padres de esperar la evolución de su hija y la programación de una reunión del Comité Médico Ético para el 6 de mayo de 2022, la querella indica que ese mismo día Catalina fue desconectada arbitrariamente de la incubadora antes del pronunciamiento del comité. Según el testimonio de la madre, una médica de neonatología la invitó a tomar a su hija en brazos, y a pesar de que Ximena dejó claro que no deseaba que se desconectaran los equipos, la profesional los desconectó, provocando una baja inmediata en la saturación de Catalina. Catalina fue reconectada solo tras la intervención de una matrona. Esa misma noche, cerca de las 23:00 horas, Catalina falleció. Los padres también denuncian que la evaluación del Comité Médico Ético nunca emitió resolución alguna.
Eduardo Oyarce, padre de Catalina, manifestó que con esta querella buscan «hacer justicia por la Catita, que los responsables paguen por lo que hicieron, que, si es posible, nunca vuelvan a ejercer en el sistema de salud, y sentar un precedente para que esto no le vuelva a pasar a ningún otro bebé, nunca». Con esta acción judicial, los padres buscan una investigación a fondo y el establecimiento de eventuales responsabilidades penales para que estos hechos no se repitan en el sistema de salud chileno.