Por Claudia Barahona, Coordinadora del Programa de Feminismo del Instituto Igualdad. Comisión Política y Central Nacional del Partido Socialista de Chile
En Chile, cuidar es un trabajo indispensable, pero invisibilizado. Miles de mujeres —porque el cuidado tiene rostro de mujer— dedican sus días a criar hijos, atender a personas mayores, acompañar a familiares con discapacidad o apoyar a personas enfermas: sin salario, sin descanso, sin derechos laborales y, muchas veces, sin siquiera reconocimiento social. El resultado: carreras profesionales truncadas, ingresos más bajos, dependencia económica y una carga emocional que no se mide en estadísticas. Consecuencias: enfermedades y un deterioro importante en su salud mental; frustración, resentimiento y rabia por la injusticia vivida diariamente.
La recién aprobada Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025-2030 (PNAC) es un paso importante. Reconoce el cuidado como un pilar de la protección social y proyecta un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que articule servicios públicos, privados y comunitarios. Es, en teoría, un cambio estructural: del cuidado como un problema privado a una responsabilidad colectiva y del Estado.
Pero las mujeres sabemos que, en la práctica, la vida de una cuidadora es prácticamente incompatible con la vida laboral, como está organizada hoy. Quienes somos madres, especialmente en hogares monoparentales, conocemos la dificultad de salir del trabajo para asistir a una reunión de apoderados, ir al colegio a buscar a un hijo enfermo o cuidarlo en casa durante vacaciones, paros escolares o jornadas reducidas. Para muchas, eso significa renunciar a empleos, aceptar trabajos mal pagados o informales y depender de “favores” o de la “buena voluntad” del jefe de turno.
El cuidado, además, se cruza con otras desigualdades: la brecha salarial de género, la precariedad de los contratos, la ausencia de corresponsabilidad masculina y la vergonzosa realidad de miles de “papitos corazón” que no pagan pensión alimenticia ni participan activamente en la crianza. Sin redes de apoyo, las mujeres cuidadoras quedan abandonadas a su suerte. Nadie las ve como personas con derecho a descanso, desarrollo personal y oportunidades laborales.
La PNAC reconoce la corresponsabilidad social y de género, pero ¿quién se hará cargo si el próximo gobierno decide que esto no es prioridad? Sin ley aprobada y sin presupuesto multianual garantizado, cualquier avance puede frenarse o recortarse. Y no hablamos solo de continuidad administrativa: si no de la dignidad y la autonomía de miles de mujeres y familias que hoy cargan con el peso del cuidado.
Hablemos de realidades:
- Las mujeres ganamos menos que los hombres y seguimos concentradas en trabajos precarios.
- Somos mayoritariamente jefas de hogar monoparentales.
- No existe una red de apoyo suficiente para conciliar trabajo y cuidado.
- Cuidar a un hijo, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad sigue siendo una causa para quedar fuera del mundo laboral y, muchas veces, de la vida social.
No bastan promesas de expansión si no hay:
- Permisos laborales reales y pagados para el cuidado.
- Centros de atención accesibles y en todas las comunas.
- Apoyo económico directo a cuidadoras no remuneradas.
- Fiscalización a empresas y al Estado para que la corresponsabilidad no quede en un mero eslogan.
El cuidado es profundamente político. Y la pregunta es: ¿quién se beneficia si seguimos dejando a las mujeres solas en esto? Mientras como sociedad no asumamos el cuidado como un derecho humano, se seguirá sobreexplotando gratuitamente el tiempo, la energía y la vida de millones de mujeres que llevan generaciones posponiendo su propia humanidad para cuidar a otros. Esto se agrava con la desigualdad social, la falta de oportunidades, educación de calidad y trabajo digno.
Porque, al final, un país crece gracias a sus cuidadoras, que crían y sostienen, desde el trabajador más humilde hasta el multimillonario más poderoso. Y es un país más pobre —en lo económico, lo social y lo humano— cuando esas cuidadoras son relegadas al olvido.
Hoy, el Congreso tiene en sus manos la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. No aprobarla es perpetuar la desigualdad más silenciosa y costosa de Chile. La ciudadanía debe exigirlo: no como un favor, sino como un derecho.
Porque sin cuidados, no hay vida; y sin reconocerlos, no hay justicia. Un Chile que mira al futuro no puede seguir construyéndose sobre las espaldas agotadas de sus cuidadoras invisibles.
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