Escalada de Acoso Laboral Sacude a la Municipalidad de Santa María: Contraloría Investiga al Alcalde Zurita en Medio de Denuncias Precedentes
Un complejo entramado de acusaciones de acoso y hostigamiento laboral, y violencia de género, ha puesto en el ojo del huracán a la Municipalidad de Santa María. La Contraloría Regional de Valparaíso ha anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario que apunta directamente al Alcalde Claudio Zurita Ibarra, en un caso que se suma a un sumario administrativo previo por acoso laboral que involucró a otro funcionario municipal. La denunciante principal en ambos episodios es Nataly Janina Herrera Muñoz, actual Directora del Departamento de Salud.
La Grave Acusación Contra el Alcalde Claudio Zurita Ibarra
La denuncia más reciente de Herrera Muñoz, que motivó la intervención de la Contraloría el 29 de abril de 2025, es de particular gravedad. La Directora de Salud acusa al Alcalde Zurita Ibarra de acoso y hostigamiento laboral, y violencia de género. Según su testimonio, los hechos se enmarcaron en una clara «resistencia» por parte del edil a que ella retomara sus funciones, llegando incluso a exigirle su renuncia.
Esta situación la llevó a permanecer con licencia médica por un prolongado periodo. Un elemento adicional de tensión es la discrepancia en la calificación de su enfermedad: mientras el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) la catalogó como de origen común, su Isapre, tras peritajes, la consideró de origen laboral, una decisión que Herrera Muñoz está actualmente impugnando.
Como si la situación no fuera ya delicada, Herrera Muñoz alega que, en lo que considera un acto de represalia, el propio Alcalde instruyó un procedimiento disciplinario en su contra, lo que conllevó su suspensión de funciones. Esta suspensión le fue notificada el 24 de febrero de 2025, precisamente al momento de su intento de reincorporación laboral, lo que añade una capa de intencionalidad a la medida.
La intervención de la Contraloría Regional se sustenta en la Ley N° 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), la cual establece que la investigación y sustanciación de sumarios por acoso laboral o sexual debe recaer en la Contraloría General cuando la denuncia involucra a un alcalde o a funcionarios con jefaturas que dependan directamente de él. El Alcalde Zurita Ibarra, pese a ser el denunciado y tener un interés directo en el caso, suscribió el informe requerido por la Contraloría, negando en todas sus partes las acusaciones de acoso.
Antecedentes: El Sumario por Ley Karin contra Luis Escudero Aguirre
La situación actual no es un hecho aislado. Nataly Herrera Muñoz ya había presentado una denuncia previa por acoso laboral en octubre de 2024 contra un grupo de funcionarios de su departamento, destacando el caso de Luis Felipe Escudero Aguirre, funcionario del Centro de Salud Familiar (CESFAM).
Este caso motivó la instrucción de un Sumario Administrativo (Decreto Alcaldicio N° 4446, del 22 de noviembre de 2024), que se llevó a cabo bajo el amparo de la Ley 21.643, conocida como Ley Karin. Esta ley es crucial, pues fortalece el marco legal chileno para la prevención, investigación y sanción del acoso y la violencia en el trabajo. En este contexto, la Ley Karin proporciona definiciones más amplias de acoso y maltrato laboral, y establece un marco claro para la aplicación de sanciones, como la impuesta en este caso.
Durante el sumario, Herrera Muñoz relató haber sido víctima de malos tratos y presiones indebidas. Específicamente, mencionó que durante una movilización sindical, la Asociación de Funcionarios exigió su renuncia como una «condición innegociable» para poner fin a la protesta, sin que ella tuviera la oportunidad de negociar o dialogar previamente.
Además, la denuncia incluía que Luis Escudero Aguirre habría concedido una entrevista radial en la que la «acusó y denostó profesionalmente sin pruebas». Este hecho la hizo sentir «violentada, menoscabada y denostada públicamente», presionada a renunciar a un cargo obtenido por concurso público. La Directora de Salud enfatizó el profundo impacto de estos eventos en su salud mental y bienestar físico, que la llevó a estar en tratamiento con especialistas.
Como resultado de este sumario, el 18 de marzo de 2025, la Municipalidad de Santa María, mediante el Decreto Alcaldicio N°926, aplicó una sanción a Luis Escudero Aguirre. La medida consistió en una multa del 10% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de dos puntos en su hoja de vida. Aguirre tiene el derecho de interponer un recurso de reposición contra esta decisión.
Implicaciones del Caso y Futuro Cercano
Este complejo escenario legal y laboral pone en relieve la importancia de la Ley Karin y el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República en la gestión municipal. La investigación contra el Alcalde Zurita Ibarra por parte de la Contraloría asegura una pesquisa imparcial dada su posición de máxima autoridad. La resolución de estas denuncias será crucial no solo para los involucrados, sino también para sentar precedentes en la aplicación de la normativa contra el acoso laboral en el sector público chileno y garantizar un ambiente de trabajo digno y respetuoso.