La compleja situación que atraviesa el Colegio María Auxiliadora ha puesto en el centro del debate el rol y la efectividad de las autoridades de educación en la región. Un cuestionamiento legítimo se cierne sobre la Seremi de Educación y la Superintendencia de Educación: ¿Actuaron con la diligencia que el caso requería?
Existen antecedentes que sugieren que esta grave crisis pudo haberse evitado. ¿Por qué, entonces, las alertas tempranas levantadas tanto por los propietarios del inmueble como por los apoderados, no fueron suficientes? ¿Es aceptable que las autoridades se hayan parapetado tras la excusa de ser un «problema entre privados», aun existiendo de por medio la garantía de la continuidad educativa y la implicación de recursos públicos (subvención)?
Los hechos actuales demuestran la gravedad de los problemas que enfrenta el María Auxiliadora. La inminente incertidumbre sobre la continuidad del colegio para 2026, producto del retiro de la calidad de sostenedor y la inhabilidad de la persona responsable, ¿es solo la consecuencia de una mala gestión interna o el reflejo de controles que no funcionaron a tiempo? ¿Cumplieron cabalmente la Seremi, el Superintendente y su equipo de fiscalización con el rol que la ley les exige?
Lo más lamentable, sin duda, es el impacto en los directamente afectados. ¿Qué se les puede decir a esos niños, a esos alumnos que han creado lazos y afectos con un colegio de larga tradición, pero que hoy quedan en ascuas sobre su futuro? ¿Cómo se repara la incertidumbre y el daño emocional a las familias, que son los únicos perjudicados reales en esta compleja trama?
La situación podría agravarse con la sentencia del tribunal por el no pago de arriendos, la cual podría ordenar la restitución inmediata del inmueble. Pero, más allá de eso, nuestro reporteo indica que este no es solo un tema de arriendos. Se habla de un cúmulo de hechos graves, incluyendo la denuncia de privados por presunta falsificación de instrumento público en el contrato y el uso irregular de la subvención (malversación de fondos públicos).
Ante estas gravísimas acusaciones, surgen las preguntas más incómodas: ¿Por qué ni el Superintendente ni la Seremi han presentado las denuncias ante la justicia, tal como lo señala la ley? ¿Podría este silencio y la falta de acción acarrearles sanciones por incumplimiento de sus deberes? ¿Fueron estas autoridades incapaces de fiscalizar la situación o, simplemente, no quisieron hacerlo?
Este medio intentó reiteradamente comunicarse con la dirección del colegio y con las autoridades pertinentes. Obtuvimos solo evasivas. En retrospectiva, ¿fue esta falta de transparencia y comunicación otro síntoma de que la crisis se estaba gestando a vista y paciencia de todos?
En definitiva, la fundación que heredó el establecimiento parece haberle fallado a toda la comunidad educativa. Pero la pregunta fundamental que queda en el aire es: ¿Quién responderá por la falla sistémica de los controles que debieron garantizar el derecho a la educación de estos estudiantes?
¿Pudo Evitarse la Crisis del Colegio María Auxiliadora? Una Columna de Preguntas Abiertas
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