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Por Paz Anastasiadis

La Constitución vigente ha legitimado al Presidente de la República y al Congreso Nacional como poder constituyente derivado, es decir, ambos tienen la potestad para iniciar reformas y/o modificaciones a dicha Carta Fundamental. Esta facultad se encuentra entregada en igualdad de condiciones, no existiendo distinción alguna en relación a las materias que pueden promover. La razón es clara y evidente, este poder es la esencia soberana y quien lo encarna, no tiene más límites que las propias normas procedimentales y el resguardo de los principios “político-jurídicos supremos” del Estado, que “constituyen el fundamento básico de la convivencia política” (Nogueira, 2008).

Así, resulta impensado cuestionar la legitimación del Parlamento, como poder constituyente derivado, en relación a actuaciones que no transgreden el sistema democrático ni atentan contra la dignidad humana, sino, por el contrario, la resguardan y promueven. Tal es el caso del proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de AFP, cuya concreción tiene la virtud de fortalecer el rol de Estado frente a esta crisis sanitaria y socioeconómica que enfrentamos.

En este sentido, el proyecto que ha sido objeto de requerimiento de inconstitucionalidad por parte del Presidente, no sólo es una legítima iniciativa del poder constituyente derivado del Congreso Nacional, sino que, ante la escasez de respuestas gubernamentales, tiene por propósito cumplir con una función esencial del Estado, establecida en el artículo 1° de la Constitución, que dispone que éste debe estar al servicio de la persona humana, siendo su deber dar protección a la población y a la familia.

Aún más, tanto el Tribunal como el Presidente conocen que las únicas reglas democráticas para efectuar el control político de una reforma constitucional, consisten en vetar la reforma y, en el evento que el Congreso Nacional insistiere en el proyecto, convocar a plebiscito, consultando directamente a la ciudadanía si están o no de acuerdo con este nuevo retiro.

Sin embargo, el Presidente ha preferido eludir dicho camino recurriendo nuevamente ante un Tribunal Constitucional, presidido por su ex asesora y jefa del Segundo Piso de La Moneda en su primer gobierno y quien tiene el voto dirimente en caso de empate (hecho ya ocurrido en el pasado requerimiento), con el propósito que sus miembros se arroguen facultades que no les son propias, transgrediendo abiertamente el orden jurídico, al crear una regla inexistente para un parlamento que no actúa en su calidad de legislador, sino en el ejercicio de una potestad de naturaleza diversa que emana del mandato constitucional y, en consecuencia, despojándolo de su legítima iniciativa en la reforma en comento.

Preocupa que la mitad de los miembros de un órgano guardián de la supremacía constitucional vuelvan a actuar alejados de su deber, transformándose en un brazo de control político del poder ejecutivo e intranquiliza el desinterés del Presidente por acatar el mandato soberano: el proyecto de reforma se adhiere y fortalece nuestro orden jurídico constitucional, debiendo dar paso a su promulgación y futura publicación.

Hoy más que nunca requerimos de la responsabilidad de quien inviste el mayor cargo de representación popular y de un órgano garante de nuestra democracia, pues necesitamos sentar las bases de imparcialidad necesaria para iniciar un proceso constituyente, donde debe imperar el espíritu cívico y ánimo de diálogo garante de la paz social que debemos recuperar.

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