Cuenta regresiva para el desalojo del Colegio María Auxiliadora: Incertidumbre marca el futuro de la comunidad escolar

Semanas críticas enfrenta la comunidad del Colegio María Auxiliadora, luego de que personal del juzgado se constituyera en el recinto para notificar oficialmente el desalojo de la propiedad, proceso que debería concretarse durante el transcurso de esta semana.
Tras el cumplimiento de este trámite legal, la magistrada a cargo deberá instruir formalmente a Carabineros para que procedan con el desalojo del inmueble, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos.
Silencio de las autoridades regionales
Ante la inminencia de la medida, este medio consultó al Delegado Presidencial Regional (S), Yanino Riquelme, para confirmar si la notificación del tribunal ya ha sido recepcionada por su oficina para coordinar el auxilio de la fuerza pública. Sin embargo, la autoridad declinó prestar declaraciones al respecto, manteniendo el hermetismo sobre los plazos definitivos del operativo.
Gestiones de última hora y el factor «San Patricio»
Pese al complejo escenario judicial, los movimientos administrativos no se detienen. El pasado lunes se llevó a cabo una reunión clave en las oficinas de la Superintendencia de Educación, donde participaron:
El Superintendente de Educación.
El Administrador Provisional (nombrado por la autoridad).
El sostenedor del Colegio María Auxiliadora.
El objetivo del encuentro fue abordar la continuidad del servicio educativo y la protección de los estudiantes frente al inminente cierre del actual recinto.
Un nuevo horizonte para el 2026
En paralelo, fuentes cercanas al proceso confirmaron que ya existiría un acuerdo de arriendo con los propietarios del inmueble que albergaba al ex Colegio San Patricio en Viña del Mar. No obstante, el traslado no será inmediato.
Debido a que el establecimiento requiere reparaciones urgentes y obras de conservación para cumplir con la normativa vigente, se ha solicitado formalmente que el inicio del año escolar para el Colegio María Auxiliadora se postergue hasta abril de 2026. Esta medida busca garantizar que los alumnos cuenten con un espacio seguro y habilitado tras el traumático proceso de desalojo que viven actualmente.

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