Pese a la incertidumbre de cientos de familias en Viña del Mar, el superintendente Reinaldo Orellana evitó el diálogo directo con la prensa, limitándose a un escrito que ratifica sanciones gravísimas contra el sostenedor.
La crisis que atraviesa el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar ha escalado a un punto de no retorno administrativo, pero el rostro de la autoridad regional sigue sin aparecer. Ante la solicitud de EvolutivaMedios para entrevistar al superintendente de Educación de la Región de Valparaíso, Reinaldo Orellana, la respuesta fue el silencio presencial: en su lugar, se despachó un comunicado de prensa que, si bien aclara el panorama legal, deja un vacío en la necesaria rendición de cuentas ante la opinión pública.
Una sanción lapidaria: Revocación y «Muerte Civil» Educativa
El documento emanado por la Superintendencia confirma que el conflicto nace de una disputa entre privados por la tenencia del inmueble. Sin embargo, las consecuencias para la entidad sostenedora son extremas. Tras una fiscalización iniciada en julio de 2025 por el incumplimiento del contrato de arriendo, la autoridad determinó que se cometió una falta grave.
El veredicto de primera instancia, fechado el 19 de noviembre de 2025, es contundente:
Revocación del Reconocimiento Oficial a partir del año 2027.
Inhabilidad perpetua para la entidad sostenedora y su representante legal para volver a ejercer como tales.
¿Dónde queda el derecho a la educación?
En el comunicado, la institución afirma «lamentar» que no se priorice el derecho de los niños y adolescentes en este conflicto de privados. No obstante, la crítica recae en la propia gestión de la crisis: mientras el organismo avanza en procesos administrativos de largo aliento, la comunidad educativa vive en una agonía de incertidumbre.
La negativa del superintendente Orellana a dar una entrevista impide profundizar en preguntas clave: ¿Qué pasará con la matrícula 2026? ¿Cuál es el plan de reubicación real para estos alumnos si la justicia ratifica el cierre? El refugio en el «papel oficial» evita que la autoridad explique por qué la fiscalización no pudo prevenir que un conflicto de arriendo terminara por sepultar un proyecto educativo histórico.
El laberinto judicial
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de suspenso. El sostenedor presentó un recurso de reclamación para revertir las sanciones, el cual aún está en revisión por parte de la misma Superintendencia. El comunicado recuerda que, de fallar la autoridad en contra, el colegio aún puede acudir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema.
Solo cuando la sanción quede «a firme» —es decir, cuando ya no queden instancias legales— el sostenedor tendrá la obligación de informar oficialmente a las familias. Esto plantea un escenario ético complejo: ¿Deben los padres esperar a que el último tribunal decida para saber si sus hijos tendrán colegio en el futuro cercano?
La transparencia es fundamental en la gestión pública, especialmente cuando la educación de menores está en juego. La ausencia del superintendente regional para responder preguntas directas solo profundiza la sensación de desamparo de una comunidad escolar que hoy ve su futuro atrapado entre trámites burocráticos y disputas de propiedad.
Puedes leer el comunicado acá:
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