Una masiva y pacífica protesta protagonizada por cientos de familias de la Población Navarino, el Condominio Mallén y la comunidad educativa del Colegio Ana María Janer, ha puesto nuevamente en el centro del debate el polémico megaproyecto «Miraflores I y II». La comunidad exige la paralización inmediata de las obras, denunciando graves riesgos geológicos y vicios de corrupción en el sistema judicial que ha permitido su avance.
Un proyecto «inviable» bajo la lupa técnica
El megaproyecto contempla la construcción de 5 torres de 15 pisos con un total de 500 departamentos. Según el Comité de Acción Ciudadana Contra el Proyecto Inmobiliario Miraflores (CACPIM), las edificaciones se emplazan en zonas de quebrada con pendientes superiores al 40%.
A pesar de que la Municipalidad de Viña del Mar y la Dirección de Obras (DOM) declararon la iniciativa como «inviable», y organismos técnicos como SERNAGEOMIN, DOH y DGA advirtieron sobre riesgos críticos de aluviones e incendios, la construcción continúa. Los vecinos denuncian que la infraestructura actual está colapsada, con matrices de agua que fallan frecuentemente y rutas de acceso saturadas para las 2.500 personas que el proyecto pretende sumar al sector.
El factor judicial: Denuncias de «Justicia Capturada»
La indignación vecinal se ha visto intensificada por recientes acontecimientos en el Poder Judicial que cuestionan la legitimidad del fallo de la Corte Suprema del 8 de agosto de 2025, el cual favoreció a la inmobiliaria.
Destitución de Ministro: El redactor del fallo, Diego Simpértigue, fue destituido unánimemente por el Senado el 22 de diciembre de 2025 por «notable abandono de deberes» y falta de imparcialidad.
Investigación a Jean Pierre Matus: Otro integrante de la sala se encuentra bajo investigación por presuntos vínculos con el sistema de influencias del caso Hermosilla.
Javier Alvarado, presidente de CACPIM, afirma que se trata de un caso de «justicia capturada por intereses inmobiliarios», señalando que el fallo minimizó riesgos geológicos probados que ponen en peligro la vida de 1.100 alumnos y miles de residentes.
Escalada internacional ante la CIDH
Ante lo que consideran una vulneración flagrante al derecho a la vida y la integridad física, la comunidad formalizó el 15 de octubre de 2025 una denuncia y solicitud de medidas cautelares de urgencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«No permitiremos que el lucro inmobiliario pase por sobre la seguridad de nuestros hijos y ancianos», declaró Alvarado, enfatizando que la comunidad se siente abandonada por la justicia chilena.
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