Una fuerte controversia estalló en la ciudad puerto tras la denuncia pública realizada por el abogado y presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara. El jurista cuestionó duramente que la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso continúe operando en el Edificio Esmeralda (ex Intendencia), pese a que el inmueble cuenta con un decreto oficial de inhabitabilidad.
La medida administrativa, dictada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en 2024, surgió tras la explosión de un ascensor y la posterior constatación de graves fallas estructurales y de seguridad que ponían en riesgo a los ocupantes.
Un trato «inexplicable y discriminatorio»
Para Palamara, la permanencia de esta repartición es una anomalía dentro del aparato estatal, considerando que el resto de las instituciones que albergaba el edificio —como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Gobierno Regional— ya fueron trasladadas a dependencias seguras.
> “Resulta difícil de explicar —y más aún de justificar— que la SEREMI de Justicia siga funcionando en un edificio declarado inhabitable. Se está exponiendo diariamente a al menos 13 funcionarios y a un número indeterminado de usuarios a riesgos que el propio Estado calificó como inaceptables”, señaló el abogado.
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El presidente de Fuerza Ciudadana enfatizó que esta situación genera una sensación de desigualdad entre los trabajadores públicos: “Esto transmite una señal preocupante: que las normas de seguridad pueden relativizarse, como si existieran personas de primera y segunda clase”.
Funcionarios «a la deriva» y sin solución
La denuncia cobra mayor peso al revelarse el testimonio de los propios trabajadores. Según indicó Palamara, funcionarios de la repartición —quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias— han manifestado su profunda preocupación por la falta de gestión.
De acuerdo con estos testimonios, la respuesta habitacional para la SEREMI se ha estancado. La última comunicación oficial que habrían recibido es que el traslado “ya era un problema de la siguiente administración”, lo que postergaría cualquier solución inmediata y dejaría a los trabajadores en la incertidumbre por tiempo indefinido.
Riesgos estructurales y salud mental
La situación no solo afectaría la integridad física ante posibles emergencias —en una zona de alta sismicidad como Valparaíso— sino también la salud mental de quienes laboran en un entorno degradado y bajo decreto de desalojo.
“En una región históricamente golpeada por emergencias y tragedias evitables, se requiere actuar con responsabilidad. No se vislumbra ninguna razón objetiva ni de justicia para que estos funcionarios sigan a la deriva. Esta situación exige una solución inmediata”, concluyó Palamara.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades regionales de Justicia no han emitido un pronunciamiento oficial respecto al cronograma de traslado o a las medidas de mitigación de riesgo para el personal que aún permanece en el Edificio Esmeralda.
Polémica en Valparaíso: Cuestionan permanencia de SEREMI de Justicia en edificio declarado inhabitable
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