En una reciente resolución, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la decisión del Juzgado de Garantía de Viña del Mar y declaró admisible la querella criminal interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana. La acción legal denuncia graves irregularidades que habrían derivado en la rebaja de sueldos de más de 450 funcionarios de la salud municipal.
Los Hechos Denunciados
La querella, patrocinada por el abogado Raimundo Palamara Stewart, apunta a que autoridades de la Municipalidad y de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) habrían entregado información falsa al Concejo Municipal en una sesión realizada el 31 de julio de 2025.
Según el libelo, en dicha sesión se afirmó que no existía una escala de remuneraciones vigente desde 1995, lo que sirvió de base para aprobar un nuevo cuadro salarial que redujo los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, la Fundación asegura haber localizado y certificado ante notario el Acuerdo N° 1745 de 1996, el cual contiene precisamente el reglamento y la escala de sueldos que se negó que existiera.
Delitos e Imputados
La acción judicial solicita investigar la participación de altas autoridades, entre ellas la alcaldesa Macarena Ripamonti Serrano, el director jurídico de la CMVM, Xavier Palominos, y el secretario municipal (s), Jorge Collado Villagra. Los delitos que se configuran, según los querellantes, incluyen falsificación o falsedad ideológica en documento público, fraude al fisco, prevaricación administrativa y omisión de denuncia.
Antecedentes de la Causa
Esta es la causa completa, ahí se ve la querella:
Resolución que me ordena acreditar la legitimación activa.
Cumplo lo ordenado.
Resolución que declara inadmisible querella porque había un recurso de protección pendiente en la Corte, no hay antecedentes fundantes y los “afectados directos” no se querellaron.
Interpongo recurso de reposición con apelación subsidiaria ya que, la acción de protección no tiene ninguna relación con la responsabilidad penal; en ninguna parte el legislador exige acompañar antecedentes junto a la querella, sin embargo igualmente los acompaño acreditando que el municipio le mintió al concejo y cuando son delitos cometidos por funcionarios público contra la probidad administrativa toda la comunidad son afectados directos y por eso cualquiera puede querellarse.
Tribunal vuelve a rechazar señalando que era un olvido e insiste que la fundación no es afectado directo (pese lo que dice la ley en el art. 111 inciso 2 que todos somos afectados directos por delitos funcionarios).
La Corte de forma unánime da la razón a cada punto que señalé en mi recurso y ordena dar curso a la investigación por los delitos de falsificación de documentos público, prevaricación administrativa y omisión de denuncia.
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