El ex presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, Manuel Millones, se refirió al complejo escenario que vive la toma de San Antonio, recordando que su origen se remonta al estallido social, en un contexto donde la institucionalidad y el Estado de derecho estaban profundamente debilitados”.
Millones señaló que las respuestas de las autoridades de la época fueron insuficientes, lo que permitió que la ocupación se consolidara sin una estrategia para enfrentarla o desarticularla a tiempo. “Incluso hubo actores políticos que respaldaron la toma en sus primeras fases, o al menos así fue denunciado entonces”, sostuvo.
El ex consejero regional añadió que el problema se agravó cuando empezaron a dictarse fallos judiciales en otros casos de ocupaciones que frenaron desalojos, obligando al mismo Estado a retroceder. “El Consejo de Defensa del Estado emitió una circular prohibiendo que el Minvu o las delegaciones administrativas desalojaran terrenos públicos tomados, basándose en esas sentencias. Eso significó vulnerar el principio de propiedad privada consagrado en la Constitución”, afirmó.
Respecto a la gestión del Ministerio de Vivienda, Millones cuestionó la fórmula propuesta por el ministro Carlos Montes para resolver la situación mediante la expropiación de los terrenos. A su juicio, era más adecuado impulsar un modelo de cooperativas: “Ese mecanismo permite que las familias adquieran los terrenos con aval del Estado, evita saltarse la fila y no incentiva que otros grupos repliquen tomas, afectando a miles de familias que llevan décadas esperando subsidios y soluciones habitacionales”.
Manuel Millones también advirtió que en torno a las tomas existe un circuito de lucro instalado: “Hay personas que se aprovechan y hacen usufructo de la pobreza. Miles de familias desesperadas pagan por un terreno, pero quienes promovieron estas ocupaciones con fines electorales no enfrentan ninguna consecuencia. El problema finalmente queda para las familias y para el Estado”.
Finalmente, recalcó que, por los tiempos de respuesta institucional, la solución integral a la toma de San Antonio tendrá que ser implementada por la próxima administración: “Seamos claros: este gobierno ya no alcanzará a resolverlo y habrán recursos para impugnar la expropiación “.
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