ESCÁNDALO EN EL MUNICIPIO DE QUILPUÉ POR DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS CON LICENCIAS MÉDICAS PROLONGADAS
Evolutivamedios ha obtenido acceso a un documento enviado por la Alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán Figueroa, a la Presidenta de la COMPIN Regional, Dra. Esperanza Merchan Molina, desatando un nuevo escándalo en el municipio. El documento solicita la evaluación de la condición de irrecuperabilidad de 24 funcionarios con licencias médicas prolongadas, detallando sus identificaciones y estamentos laborales.
Sin embargo, esta acción ha causado malestar entre los funcionarios municipales, quienes acusan a la alcaldesa de utilizar el documento como parte de una estrategia política para su reelección. Alegan que la solicitud de evaluación se está utilizando como una herramienta de campaña, en lugar de abordar genuinamente la situación de los trabajadores afectados.
El documento, realizado en virtud de la Ley N° 18.883 y la Ley N° 21.050, ha generado un debate en la ciudad de Quilpué sobre la ética en la gestión municipal y el uso de recursos públicos con fines políticos. Las autoridades locales aún no han emitido declaraciones al respecto, pero se espera que este tema continúe generando controversia en los próximos días.
Conversamos con Christian Urizar, presidente de la Asociación Unitaria de Funcionarios Municipales de Quilpué. Si bien la ley faculta a los municipios para solicitar informes a la COMPIN sobre las licencias médicas de los funcionarios, esto es opcional y no obligatorio. En este sentido, debería aplicarse un criterio que considere el tipo de licencia en cuestión, especialmente cuando el funcionario ha sido sometido a operaciones con hospitalización y actualmente se encuentra recuperado y trabajando. Tenemos el caso de un funcionario que lleva 35 años en el municipio y el año pasado sufrió un accidente en la calle, siendo operado del hombro y requiriendo varios meses de recuperación. Ahora se encuentra de vuelta en su puesto de trabajo. Es importante analizar cada caso de manera individual y realizar un proceso de reintegración tras una licencia prolongada, en lugar de enviar un oficio que pueda provocar su desvinculación. Cabe destacar que los 23 funcionarios afectados provienen de administraciones anteriores.