Un demoledor informe final de la Contraloría Regional de Valparaíso (Informe N° 503 de 2025) ha puesto en jaque la administración de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tras revelar una cadena de irregularidades, falta de control y deficiencias administrativas en el manejo de la emergencia por el megaincendio de febrero de 2024.
Pese a que la jefa comunal ha intentado desviar la atención hacia la urgencia humanitaria, el ente fiscalizador ordenó de inmediato el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades por situaciones que van desde la pérdida de rastro de miles de ayudas hasta el uso de firmas idénticas en bitácoras de vehículos.
Las «Injurias» del Informe: Desorden, Pérdida de Bienes y Dinero «Empozado»
El documento de la Contraloría es una radiografía del caos institucional. Entre los hallazgos más graves que contradicen el relato de «trazabilidad» de la alcaldía, se encuentran:
Actas Fantasmas: El municipio no proporcionó 1.280 actas de entrega de beneficios, lo que impide verificar legalmente la totalidad de los beneficios otorgados.
Productos Faltantes: Se constató que productos como carpas National Geographic, toldos y mochilas no fueron entregados en su totalidad, y el municipio no justificó el paradero de los bienes faltantes.
Donaciones Olvidadas: Mientras la alcaldesa alega urgencia, el informe revela que $33.153.011 en donaciones en dinero se mantuvieron «empozados» por más de un año sin ser ingresados al presupuesto municipal.
Irregularidades en Vehículos: Se detectaron bitácoras con firmas idénticas para distintos conductores y casos donde una misma persona figuraba como pasajero en distintos vehículos durante la misma jornada y horario.
Módulos Vandalizados: Módulos sanitarios pagados con fondos de la SUBDERE terminaron vandalizados, sin lavamanos ni inodoros, y guardados en bodegas de Sausalito sin ser entregados a la comunidad.
Ayuda a Funcionarios: Se registraron entregas a funcionarios municipales y de la Corporación Municipal (CMVM) que no figuraban en el catastro de afectados (FIBE).
La Defensa de Ripamonti ante el «Entrampamiento» Estatal
La jefa comunal, Macarena Ripamonti, recalcó la urgencia de la entrega de ayuda a damnificados por el megaincendio: “Vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían”. La alcaldesa insistió en que muchos damnificados no tenían sus documentos porque se habían quemado y que ante la burocracia estatal, la ayuda privada llegó de inmediato para cubrir urgencias como la alimentación y el resguardo en carpas.
Frente al informe, Ripamonti aclaró que “es indispensable contextualizar con mucha honestidad y responsabilidad la magnitud de lo que ocurrió en la ciudad de Viña del Mar: aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas por el incendio y se quemó cerca del 30% total de la comuna. Esas proporciones son históricas no solamente para Viña del Mar sino para todo el país”.
La jefa comunal recordó que “en la primeras horas, días y semanas, la gente no tenía nada: ni sus casas, ni sus documentos; no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”.
Críticas a la Trazabilidad y Burocracia
Ripamonti comentó que “en la gran mayoría de los casos, tal como indica el informe, existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional, exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible y nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aun cuando todavía no tenían sus carné de identidad porque éstos estaban quemados”.
“Por lo tanto -afirmó la alcaldesa- creemos que la institucionalidad en torno a incendios tiene que seguir cambiando; tiene que existir una forma de responder a esto con mucha probidad, con mucha trazabilidad pero no perdiendo de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde y lo vemos nuevamente, del mismo modo, en la actualidad en los incendios del sur de Chile”.
Cabe precisar que, según la versión municipal, en el mismo informe se destaca que existe una trazabilidad de las ayudas, y que durante las primeras horas fue prioritario proveer carpas y kits de aseo de manera rauda. Respecto de las donaciones, la alcaldía sostiene que se entregaron en su totalidad y que, sobre las fichas FIBE, se entregó la colaboración a medida que los damnificados obtenían su nuevo documento.
Conclusión de Contraloría
Sin embargo, el informe de Contraloría mantiene las observaciones como Altamente Complejas (AC) o Complejas (C). El ente fiscalizador enfatiza que la municipalidad no elaboró manuales específicos para la entrega de beneficios y detectó pagos extemporáneos de facturas con hasta 57 días de atraso.
El municipio tiene ahora un plazo de 15 días hábiles para informar el acto administrativo que instruye el sumario y designa fiscal.
Contraloría detecta graves fallas en gestión de megaincendio mientras Ripamonti se escuda en la «burocracia»
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