Una grave acusación formal ante la Contraloría General de la República y una ampliación bajo la Ley Karin (N° 21.643) han puesto en el centro de la polémica al Director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar, Alejandro Urbina Rives. Un funcionario de carrera con 9 años en la institución denuncia haber sido víctima de un plan sistemático de hostigamiento, menoscabo y «desviación de poder» presuntamente orquestado por la autoridad.
El origen del conflicto: «Criterios Políticos» sobre el mérito técnico
Según el relato del denunciante, el hostigamiento comenzó tras su retorno de un permiso paternal en julio de 2024, coincidiendo con el inicio del periodo preelectoral. En una reunión formal, el Director Urbina habría comunicado la remoción del funcionario de su cargo de coordinación, utilizando argumentos de carácter ideológico:
Etiquetamiento Político: El Director le habría señalado que estaba «muy marcado por la administración anterior» y que, por ello, era mejor que estuviera «guardado» en esa etapa.
Uso Político de la Unidad:** Urbina habría reconocido que el equipo de seguridad se transformaría en un «dispositivo político» que debía ser liderado exclusivamente por personas de confianza de la administración actual.
Un patrón de degradación y «Castigo Psicológico»
La denuncia detalla cómo el funcionario fue relegado a funciones de baja complejidad, pasando de coordinar equipos en terreno a realizar labores de secretaría y apoyo administrativo básico. Entre los hechos de menoscabo descritos destacan:
Inversión de Jerarquía: Se designó como jefa directa del denunciante a una funcionaria que anteriormente era su subordinada, sin que mediara una explicación técnica o administrativa.
El «Caso de la Silla»: Mientras otros funcionarios recibían insumos sin trabas, al denunciante se le exigió enviar videos y fotos para demostrar el mal estado de su silla de escritorio, bajo amenaza de que, si no la retiraba de inmediato, el insumo sería reasignado.
Bloqueo Profesional: Tras obtener un Magíster con distinción *Magna Cum Laude* en 2025, el funcionario solicitó formalmente funciones acordes a su especialidad, petición que el Director Urbina habría ignorado por completo.
Aislamiento Inducido: El equipo de trabajo cercano al denunciante fue desvinculado, y otros colegas habrían recibido advertencias de que «no les convenía estar cerca» de él.
La «Amenaza Consumada»: Represalias contra el núcleo familiar
El aspecto más crítico de la denuncia involucra el uso del entorno familiar como mecanismo de control. Según el denunciante, el Director Urbina le advirtió reiteradamente que la estabilidad laboral de su esposa —también trabajadora municipal bajo modalidad de honorarios— era frágil y que debían «cuidar la pega» por sus tres hijos pequeños.
Este temor se concretó luego de que el funcionario decidiera no guardar más silencio: tras presentar la denuncia formal, su cónyuge fue efectivamente desvinculada del municipio. El afectado califica este hecho como una «represalia indirecta y consumada» y un acto de «venganza institucional».
Estado actual y negligencia institucional
Producto de estos hechos, el funcionario sufrió un colapso emocional que derivó en una licencia médica psiquiátrica. Denuncia además que, durante su reposo, fue hostigado para entregar equipamiento institucional de forma presencial, con copia directa al Director Urbina, lo que constituyó una perturbación ilegítima de su tratamiento.
Finalmente, el trabajador acusa que la Municipalidad de Viña del Mar ignoró su primera denuncia interna bajo la Ley Karin en mayo de 2025, no brindando medidas de protección ni informando sobre avances, lo que lo obligó a recurrir a la Contraloría General de la República.
Peticiones clave del denunciante:
Instrucción de sumario administrativo para determinar la responsabilidad del Director Alejandro Urbina.
Investigación por desviación de poder y discriminación política en las decisiones de la Dirección.
Medidas de protección efectivas que impidan represalias adicionales contra el funcionario o su familia.
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